Por. Carlos Angulo Rivas
No vamos a cantar victoria antes de tiempo, pero que un triunfo popular en Honduras se avecina es un hecho indiscutible. América Latina está cambiando y el viejo lastre de las dictaduras militares, felizmente, deviene en antihistórico, obsoleto y primitivo en cuanto a salidas políticas estables. El retorno del presidente constitucional, Manuel Zelaya, a retomar la conducción de ese país centroamericano goza del respaldo mayoritario hondureño y de la unanimidad internacional. Dos aspectos fundamentales destacan en este retorno que cambiará el destino de ese país asolado por la pobreza y la crisis económica y política. El primero, la férrea y disciplinada voluntad del presidente Zelaya de retomar el poder usurpado por Micheletti y la cúpula militar; y el segundo el masivo rechazo popular a un tradicional golpe de estado de gorilas pasados de moda.
El gobierno de facto de Micheletti nació de un acto de fuerza y quiere mantenerse a punta de toques de queda, balas, bombas y escuadrones de la muerte. No le asiste el derecho nacional y menos el internacional. Sin embargo, la demora a la inminente renuncia se ha debido a negociaciones un tanto oscuras, aprovechando la ambivalencia del gobierno de Estados Unidos, sobre todo por la intervención del departamento de Estado a cargo de la señora Clinton y el departamento de Defensa manejando los hilos del Comando Sur. A este antiguo manejo de la escopeta de dos cañones se opuso la cohesión de los países latinoamericanos y sus flamantes organizaciones, UNASUR Y ALBA, dejando a ese ministerio de colonias, la OEA, en un segundo plano, el del intermediario oficioso. Así el aislamiento de la dictadura de Micheletti, a pesar de los grandes medios de comunicación, nacionales e internacionales, a su favor, demostró la incapacidad de remontar el repudio general agravado por la debilitada política norteamericana de tentar defender lo indefendible cuando la dictadura comenzó a perpetrar sistemáticamente actos violatorios de los derechos humanos y asesinatos selectivos. Una política contradictoria a la promesa de Barack Obama de refundar y mantener una nueva relación hemisférica con Estados Unidos.
El regreso de Manuel Zelaya a Tegucigalpa inicia una nueva etapa en la crisis política de esa nación centroamericana. Protegido en la embajada de Brasil, a la espera de José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, a fin de entablar un diálogo definitivo donde el dictador Micheletti deberá dimitir evitando la confrontación civil-militar, el presidente constitucional de Honduras dirigió un mensaje a los cientos de seguidores que rodean la sede diplomática, reafirmando su compromiso con el pueblo de su país al que agradeció el esfuerzo de movilizarse desde diferentes puntos del territorio nacional para darle su respaldo. El mandatario prometió no descansar un solo día, ni siquiera un minuto, hasta sacar a la dictadura que está usurpando el poder, pues aseguró que no va a rendirse. Al mismo tiempo se mostró confiado en el proceso de un diálogo que termine con la crisis y devuelva la paz para todos.
La escuálida posición de Micheletti y sus gorilas no resiste el menor análisis, pues el intento de “legalización” del golpe de estado choca con lo fundamental de los derechos ciudadanos y la democracia; siendo que las acusaciones y la apertura de juicios contra el presidente constitucional carecen de sustento jurídico. Ya que no existe nada más democrático como definición en todos los tratados políticos del mundo que la convocatoria al poder constituyente, esencia del estado de derecho a ser respetado por todos los ciudadanos. La negativa a este derecho ineludible de los ciudadanos de un país, quién no lo sabe, inicia la instauración de un poder dictatorial, despótico y abusivo. Y precisamente el golpe de estado en Honduras, llevado a cabo por un grupo de oligarcas vinculados al narcotráfico y la cúpula castrense sostén y parte de la corrupción, se produce por la condena y desaprobación a la consulta popular promovida por Manuel Zelaya.
No vamos a cantar victoria antes de tiempo, pero que un triunfo popular en Honduras se avecina es un hecho indiscutible. América Latina está cambiando y el viejo lastre de las dictaduras militares, felizmente, deviene en antihistórico, obsoleto y primitivo en cuanto a salidas políticas estables. El retorno del presidente constitucional, Manuel Zelaya, a retomar la conducción de ese país centroamericano goza del respaldo mayoritario hondureño y de la unanimidad internacional. Dos aspectos fundamentales destacan en este retorno que cambiará el destino de ese país asolado por la pobreza y la crisis económica y política. El primero, la férrea y disciplinada voluntad del presidente Zelaya de retomar el poder usurpado por Micheletti y la cúpula militar; y el segundo el masivo rechazo popular a un tradicional golpe de estado de gorilas pasados de moda.
El gobierno de facto de Micheletti nació de un acto de fuerza y quiere mantenerse a punta de toques de queda, balas, bombas y escuadrones de la muerte. No le asiste el derecho nacional y menos el internacional. Sin embargo, la demora a la inminente renuncia se ha debido a negociaciones un tanto oscuras, aprovechando la ambivalencia del gobierno de Estados Unidos, sobre todo por la intervención del departamento de Estado a cargo de la señora Clinton y el departamento de Defensa manejando los hilos del Comando Sur. A este antiguo manejo de la escopeta de dos cañones se opuso la cohesión de los países latinoamericanos y sus flamantes organizaciones, UNASUR Y ALBA, dejando a ese ministerio de colonias, la OEA, en un segundo plano, el del intermediario oficioso. Así el aislamiento de la dictadura de Micheletti, a pesar de los grandes medios de comunicación, nacionales e internacionales, a su favor, demostró la incapacidad de remontar el repudio general agravado por la debilitada política norteamericana de tentar defender lo indefendible cuando la dictadura comenzó a perpetrar sistemáticamente actos violatorios de los derechos humanos y asesinatos selectivos. Una política contradictoria a la promesa de Barack Obama de refundar y mantener una nueva relación hemisférica con Estados Unidos.
El regreso de Manuel Zelaya a Tegucigalpa inicia una nueva etapa en la crisis política de esa nación centroamericana. Protegido en la embajada de Brasil, a la espera de José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, a fin de entablar un diálogo definitivo donde el dictador Micheletti deberá dimitir evitando la confrontación civil-militar, el presidente constitucional de Honduras dirigió un mensaje a los cientos de seguidores que rodean la sede diplomática, reafirmando su compromiso con el pueblo de su país al que agradeció el esfuerzo de movilizarse desde diferentes puntos del territorio nacional para darle su respaldo. El mandatario prometió no descansar un solo día, ni siquiera un minuto, hasta sacar a la dictadura que está usurpando el poder, pues aseguró que no va a rendirse. Al mismo tiempo se mostró confiado en el proceso de un diálogo que termine con la crisis y devuelva la paz para todos.
La escuálida posición de Micheletti y sus gorilas no resiste el menor análisis, pues el intento de “legalización” del golpe de estado choca con lo fundamental de los derechos ciudadanos y la democracia; siendo que las acusaciones y la apertura de juicios contra el presidente constitucional carecen de sustento jurídico. Ya que no existe nada más democrático como definición en todos los tratados políticos del mundo que la convocatoria al poder constituyente, esencia del estado de derecho a ser respetado por todos los ciudadanos. La negativa a este derecho ineludible de los ciudadanos de un país, quién no lo sabe, inicia la instauración de un poder dictatorial, despótico y abusivo. Y precisamente el golpe de estado en Honduras, llevado a cabo por un grupo de oligarcas vinculados al narcotráfico y la cúpula castrense sostén y parte de la corrupción, se produce por la condena y desaprobación a la consulta popular promovida por Manuel Zelaya.
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