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Uribe, el presidente del país con la mayor cantidad de asesinatos de civiles por parte de paramilitares y del ejercito colombiano durante su gobierno.
En el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá, se acaba de comprobar la existencia de la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, con una cifra de aproximada de 2.000 cadáveres.
- En el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más calientes del conflicto colombiano, se acaba de comprobar la existencia de la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, con una cifra de aproximadamente 2.000 cadáveres.
- Se trata del mayor enterramiento de víctimas de un conflicto del que se tenga noticia en este continente.
- El secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia Jairo Ramírez, quién acompañó a una delegación de parlamentarios ingleses al lugar, hace algunas semanas, cuando empezó a descubrirse la magnitud de la fosa de La Macarena exclamó: “Lo que vimos fue escalofriante, infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy”.
- Ramírez agregó: “El comandante del Ejército -hipócritamente -nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región afirma que eran líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro”.
Reflexión:
Esa Audiencia Pública se realizó el mismo día (22-07-2010) en el cual el gobierno colombiano, sospechosamente, solicitó una reunión con carácter de urgencia a la OEA para denunciar la presencia en Venezuela, de miembros de las FARC y el ELN. Esto devela el juego malévolo y canallesco del gobierno colombiano para distraer la atención mundial de lo que la Audiencia revelaría ese día, sobre las masacres y los falsos positivos de Uribe Vélez, hechos que son considerados delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, y por los que Uribe tendrá que responder ante la Corte Penal Internacional al entregar su mandato.

